Por complicidad con el régimen criminal de Maduro en Venezuela solicitan a la Corte Penal Internacional investigar a Fatou Bensouda

Ocapa Montebello, Cúcuta, miércoles 28 de octubre del 2020. Un exhorto al presidente de la mesa de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), juez O-Gun Kwon, para que actué de oficio e investigue la falta grave de la Fiscal Jefe de ese organismo internacional, Fatou Bensouda, por tener paralizadas las investigaciones sobre el caso de Venezuela y ser cómplice de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad e intervenga en defensa de las miles de víctimas de atroces abusos ocurridos en la nación suramericana, remitieron a la CPI en La Haya, el parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional de Venezuela y Presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, junto con William Cárdenas Rubio, Presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIVEN.

Explicaron los solicitantes que después de un arduo y denso trabajo de investigación coordinado por el historiador Walter Márquez, con el apoyo de un grupo experto de abogados, recabaron pruebas que comprometen seriamente a la Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, por su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, debido a su actuación negligente y corrupta en el retraso injustificado en la investigación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias que se han hecho contra el dictador venezolano.

Refieren los denunciantes que la señora Bensouda tiene 16 años en la Fiscalía de la CPI, 8 como Vicefiscal y 8 como Fiscal Jefe, sin que haya visto el más mínimo delito en la criminal dictadura que azota a Venezuela, como lo acaba de comprobar el informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Precisan que, lamentablemente, la Fiscal Bensouda no ve lo que ya el mundo entero conoce; durante la dictadura de Nicolás Maduro del 2014 al 2018 tardó cuatro años para ordenar abrir un examen preliminar de los evidentes crímenes de la dictadura venezolana y, todavía, dos años y medio después, continua el examen preliminar sin dar inicio formal al juicio.

Walter Márquez. foto tomada de Internet.

Walter Márquez actúa a nombre de la Fundación El Amparo y en representación de treinta víctimas de las deportaciones forzosas de agosto de 2015, ellas en su totalidad de ciudadanía colombiana que vivían en la línea fronteriza venezolana con Colombia, específicamente en San Antonio del Táchira. De igual forma William Cárdenas Rubio, denunciante contra las dictaduras venezolanas de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro actúa en representación CICIVEN, con la asistencia jurídica de los abogados Omar Estacio, Jesús Alberto Berro, Anacelita Hernández, Paciano Padrón y Adolfo Salgueiro. Todos ellos en conjunto solicitaron la intervención de oficio del presidente de la Mesa de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, para que se investiguen las faltas graves de la Fiscal Bensouda.

Es de importancia destacar que para la Fiscal Jefe de la CPI no ha habido lapsos procesales, los años pasan, los crímenes se acumulan, se agrava la situación de las víctimas y ella sigue ciega y lenta. Al actuar, los solicitantes citan normativas de transparencia judicial internacional, entre ellos los Principios de Bangalore del 2002, la Declaración de Doha de integridad judicial de 2015, la Jurisprudencia y Doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo ello con respecto a una justicia independiente y a un proceso equitativo. Finalmente señalan la evidente falta de apariencia de imparcialidad de la Fiscal de la CPI.

Fatou Bensouda. Foto tomada de Internet.

Como aspecto que llama mucho la atención, los denunciantes reseñan los antecedentes de Fatou Bensouda cuando fue Fiscal del Ministerio Público de su país natal de Ghana, durante la dictadura de Yahya Jammet, en 1995, cuando hizo parte de la represión contra presos políticos durante ese régimen. Adicionalmente, se le denuncia por violación de dedicación exclusiva que le debe a la CPI, por cuanto ella intervino de forma privada en el año 2016 en el cobro de más de 50 millones de dólares que se encontraban congelados en el banco NBD Bank de Dubúi, junto a su esposo, siendo así que el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba le prohíben el ejercicio profesional particular. Tal vez esas actividades extrañas a la Fiscalía le han impedido cumplir con las víctimas venezolanas, por lo cual, por razones de justicia, debe separarse del conocimiento de los crímenes cometidos por régimen venezolano, concluyen los denunciantes. 

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