Procurador Ordóñez se posesionó para su segundo periodo

 

Presidente Santos toma juramento al procurador Alejandro Ordóñez quien se posesionó para su segundo periodo. Foto cortesía Presidencia.

El Procurador Alejandro Ordóñez, se posesionó este martes para su segundo periodo. Según el Presidente Juan Manuel Santos, «el procurador Alejandro Ordóñez, a quien acabamos de posesionar para su segundo período, piensa y obra como un hombre de principios, y esa es una virtud que a algunos les molesta».

El siguiente es el texto del discurso pronunciado por el primer mandatario:

“En una época donde todo es relativo, no es fácil ser un hombre de principios.

El procurador Alejandro Ordóñez, a quien acabamos de posesionar para su segundo período, piensa y obra como un hombre de principios, y esa es una virtud que a algunos les molesta.

Pero sin principios no hay orientación, sin principios se pierde el camino.

Los principios y los valores –esos que deben forjarse en las familias y en los colegios, lo he dicho en varias ocasiones– son los mapas, son las brújulas sin los cuales no es posible llegar a ningún destino, y menos al destino que queremos, que es el de una sociedad justa, una sociedad moderna, igualitaria, una sociedad en paz.

Por supuesto, los principios arraigados en la conciencia no deben impedirnos contemplar y respetar las ideas y las convicciones ajenas.

Aprendí de mis mayores –y sé que el Procurador estará de acuerdo con ella– la regla máxima de la tolerancia que muchos atribuyen a Voltaire, que dice: “Puedo no estar de acuerdo con sus ideas, pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlas”.

Lo cierto es que necesitamos hombres verticales –hombres tolerantes frente a la expresión de las ideas del otro, pero intolerantes frente a la corrupción y la trampa– para afrontar con éxito la cruzada por la legalidad.

Por eso nos congratulamos al posesionar al doctor Alejandro Ordóñez para un segundo periodo al frente del Ministerio Público, encargado de velar por la pulcritud de los actos de quienes tenemos la responsabilidad de ser servidores públicos.

La cultura de la ilegalidad nos atrasa y la pagamos muy caro como individuos y como sociedad.

Si nos descuidamos, si bajamos la guardia, la corrupción puede desbaratar el bienestar –presente y futuro– de todo el país, mordida a mordida, poco a poco.

Pero no estamos descuidando ese frente.

Nadie –nadie en este gobierno ni en los organismos de control e investigación– se está quedando quieto frente a ese flagelo de la corrupción.

Nuestra obligación es impedir que los recursos del Estado se pierdan en los bolsillos ajenos o que se usen los cargos para beneficio personal, y en esta tarea hemos logrado en estos últimos años un equipo de excelencia.

Con el procurador Alejandro Ordóñez, con la contralora Sandra Morelli y con el fiscal Eduardo Montealegre, en conjunto con el Gobierno, estamos luchando contra ese flagelo de la corrupción que es uno de los mayores frenos para el desarrollo.

Y ese trabajo conjunto está dando resultados.

Hoy tenemos razones para sentimos motivados a continuar en la batalla contra la corrupción.

Expedimos el Estatuto Anticorrupción que el Congreso de la República aprobó, que dotó de más herramientas a los organismos de control e investigación para realizar sus tareas.

Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia elaboró toda una metodología –una herramienta– para que las entidades puedan prevenir la corrupción. Eso se llaman los mapas de riesgos de corrupción.

Este instrumento permite que todas las entidades –nacionales, departamentales y municipales– identifiquen sus riesgos y definan cómo blindarse ante las amenazas de la corrupción.

En este punto de la prevención quiero resaltar la buena gestión de la Procuraduría bajo la orientación del doctor Ordóñez, porque no sólo se destacó por producir sanciones ejemplares –como en efecto se produjeron– sino también por realizar una labor preventiva, que es tal vez más importante por los ahorros que genera para todos los colombianos.

En el caso de la ola invernal, por ejemplo, el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, a los procesos que se realizaron para atender la emergencia nos permitió darle al país un parte de éxito en la atención a los damnificados, sin una sombra de duda en el uso de los muy cuantiosos recursos.

Otro resultado que logramos –gracias al Estatuto– tiene que ver con el fortalecimiento de las oficinas de control interno de las entidades públicas, que hoy son designados por el propio Presidente de la República después de un proceso –y esta es la primera vez que sucede en el país– de selección totalmente abierto y transparente.

No conocíamos al 95 – 98 por ciento de los que hoy están asumiendo esa responsabilidad en las entidades del Estado.

También estamos trabajando para oír más la voz de la ciudadanía frente a los casos de corrupción, pues sabemos que el control social sobre las instituciones del Estado y sus acciones es invaluable.

Para hacer esto realidad vamos lanzar –muy pronto– dos plataformas que ayudan a entender mejor la corrupción y a vigilar mejor cómo la estamos combatiendo.

La primera es la Ventanilla Unificada de Denuncias, creada por la Comisión Nacional de Moralización, que a su vez creó el Estatuto Anticorrupción.

Por medio de esta herramienta los ciudadanos van a poder denunciar ante los organismos de control hechos de corrupción, de una manera ya no engorrosa ni sometiéndose a todo tipo de trámites, no, va a ser de una manera ágil, fácil, segura, sin poner en riesgo su vida. Ese es un elemento muy importante.

Y podrán inclusive hacerle seguimiento a su denuncia, saber dónde va la denuncia, qué pasó con lo que denuciaron.

La segunda es lo que hemos llamado el Observatorio de Anticorrupción e Integridad, donde los colombianos ya pueden hoy consultar toda la información sobre las sanciones por casos de corrupción que se han impuesto en todo el país.

El Observatorio, además, va a generar nuevos indicadores para que, tanto el Gobierno como la ciudadanía en general, sepamos qué tan efectivas son las políticas contra la corrupción.

Los ciudadanos podrán denunciar y, además, hacerle seguimiento a los casos de corrupción en dos plataformas, de manera muy sencilla.

Con esto le subimos el volumen a la voz de la ciudadanía para que nos ayuden a mantener a Colombia limpia y en la vía de la legalidad.

Sin duda, estos resultados que hemos concretado –a partir del Estatuto Anticorrupción– son pasos decisivos hacia una gestión pública más eficiente y más transparente.

También con el concurso de los organismos de control hemos destapado focos de corrupción en el sector de la salud, de la educación y en el tema de impuestos, entre muchos otros.

En el caso de los recobros de la salud, ya hay 19 personas vinculadas, 17 detenidas y una destituida.

La Contraloría calcula que el daño al patrimonio aquí es superior a los 2 billones de pesos.

En cuanto a la educación, un gobernador fue destituido a raíz del proceso de investigación sobre lo que hemos denominado los ‘niños fantasma’, es decir inflaban el número de niños que supuestamente estaban en los colegios para aumentar los recursos. Y eso lo encontramos en los colegios oficiales.

En este caso, el daño que calcula la Contraloría supera los 190 mil millones de pesos.

Y ya se produjo algo muy interesante y caso que obvio: cuando se dieron cuenta de que se estaba actuando contra la corrupción, inmediatamente enviaron cifras nuevas rectificando las cifras que se habían enviado anteriormente, diciendo que había habido una serie de errores de cálculo, errores de apreciación. Ya de por sí ahí también el ahorro es cuantiosísimo.

Y en relación con la Dian, hay 26 personas capturadas que están enfrentando penas entre los 54 meses y los 26 años de cárcel.

Aquí en el caso de la Dian el monto estimado del fraude –por la propia entidad– es de 3,8 billones de pesos.

Valga destacar en el tema de impuestos que –gracias al empeño por mejorar la eficiencia, y haciendo una serie de cambios marginales y a veces no tan marginales, cambios de buen gobierno, para controlar la corrupción y la evasión, que ha realizado la Dian– el recaudo tributario ha subido sustancialmente, pasando de 67 billones de pesos en 2010 a prácticamente 100 billones el año pasado.

Ahora bien: es cierto que oír y leer sobre casos de corrupción genera un rechazo, genera un disgusto en la sociedad.

Somos conscientes de que la percepción de corrupción se afecta, se aumenta con el resultado de combatirla, con el resultado de destapar esas ‘ollas podridas’.

Pero no podría ser de otra manera. Es nuestra responsabilidad actuar y denunciar para que paguen todos los que deban hacerlo, incluso si afecta los índices de percepción sobre qué está sucediendo con la corrupción.

Nuestra molestia e indignación son un buen síntoma porque quiere decir que no somos permisivos y tolerantes con la trampa, ni con el robo, ni con la corrupción.

Y la voluntad de este gobierno –en conjunto con los organismos de control– contra la corrupción ya la están reconociendo los propios servidores públicos de nuestro país. Esta es una noticia bien importante y bien estimulante.

Según la encuesta de Desempeño Institucional revelada por el Dane, que incluyó entrevistas a más de 18 mil servidores públicos –en temas clave como la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la vinculación de contratistas, la contratación y la ejecución presupuestal–, del 2010 al 2012 hay una caída sustancial en la percepción de prácticas irregulares por los servidores en sus entidades.

Es decir, hay una menor percepción de prácticas como los pagos extraoficiales, el intercambio de favores, las influencias políticas, o los vínculos personales, familiares o de amistad como factores que influyen en las decisiones de las propias entidades.

Por ejemplo, del 2010 al 2012 el porcentaje de servidores que percibió que en los últimos 12 meses en su entidad la contratación se basó en vínculos por influencias políticas cayó del 19,3 por ciento al 9,2 por ciento –¡menos de la mitad!–.

En el caso de vínculos personales, familiares o de amistad, la caída fue similar: del 19,3 al 9,4 por ciento.

Y oigan este dato tan interesante: en cuanto a la incidencia de las influencias políticas para la designación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la caída fue del 41 al 26 por ciento.

Claro, nada de esto es suficiente –como en el caso de los homicidios, como en el caso de los robos, un homicidio es demasiado–, pero sí es una indicación de que vamos por el camino correcto.

Para completar y ordenar estos esfuerzos hemos venido construyendo la Política Integral Anticorrupción, un elemento que le da sentido a todas las demás políticas.

Durante el año pasado, la Secretaría de Transparencia –bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán– ha abierto espacios de diálogo con servidores públicos, ONG, veedores ciudadanos y académicos para diseñar una política completa, útil, práctica.

Será una política que genere un impacto real y palpable en nuestra sociedad y que nos indique el camino que debemos seguir para erradicar la corrupción.

Porque no queremos seguir destapando ollas podridas por siempre.

Lo que queremos es crear las condiciones para que en nuestra sociedad NO existan esas ollas; para que logremos PREVENIR, como debe ser, la corrupción. En lugar de castigarla, erradicarla, que no exista.

Y este propósito de lucha contra la corrupción lo hemos asumido también internacionalmente.

Nuestro gobierno –aun sin que nuestro país sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)– decidió adherir a la Convención Anti Soborno de esta organización, que fija unas pautas muy estrictas para combatir la corrupción que se da a través del soborno de funcionarios públicos extranjeros.

Esta adhesión no es un proceso fácil, pues se deben cumplir estándares muy altos de control y compromiso contra la corrupción, pero asumimos este proceso con decisión.

Hoy podemos contarle al país –con orgullo y responsabilidad– que el próximo sábado 19 de enero COLOMBIA SE CONVERTIRÁ EN EL MIEMBRO NÚMERO 40 DE LA CONVENCIÓN ANTI SOBORNO DE LA OECD.

Así seguimos avanzando en nuestra ruta de competitividad, pues sabemos que esta ruta pasa necesariamente por un compromiso claro y contundente con la transparencia y la legalidad.

Señor Procurador Alejandro Ordóñez:

Me felicito y felicito al país por seguir teniendo en usted al más firme aliado en esta cruzada por un país donde el respeto a la ley, la transparencia y el valor de lo público sea la regla de conducta de servidores públicos y de los colombianos en general.

Usted no sólo es un jurista de altos quilates que hizo una exitosa carrera en la rama judicial hasta llegar a presidir el Consejo de Estado.

Usted no sólo es un exponente fiel de la solidez moral y el empuje de los santandereanos.

Usted, doctor Ordóñez, es un hombre de principios, y en esos principios confiamos para que siga trabajando –sin tregua ni vacilación– por el bien de Colombia.

Le deseo muchos éxitos en este segundo periodo de gestión, y cuente, como siempre, con la total cooperación de todo nuestro gobierno para erradicar de nuestro panorama la maleza perversa de la corrupción.

Muchas gracias”.

Fuente: Presidencia.

 

Comentar

Su correo electrónico se mantendrá en privado.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.