Partido Verde defiende legalidad de elección del Alcalde de Cúcuta

Donamaris Ramírez París Lobo

Los abogados César Emilio Valero Soto y Nuby Mayely Luna Otero quienes forman parte del equipo de juristas del Partido Verde que defiende la legalidad de la elección del Alcalde Donamaris Ramírez París Lobo, conversaron con los periodistas de Cúcuta sobre el proceso administrativo con el cual se pretende anular la elección del mandatario ante los supuestos lazos de consanguinidad con Carlos Eduardo Ramírez Quintana.  

Alegan los juristas, que en este proceso se destaca la participación del intendente regional de sociedades (Ramírez Quintana) en una campaña política contraria a la de Donamaris.

Según los abogados, el cuerpo jurídico del Partido Verde que conforma la defensa de Donamaris Ramírez Paris Lobo en el proceso administrativo que pretende anular su elección como alcalde de Cúcuta, presentó los alegatos de conclusión al H. Magistrado ponente para este caso.

Carlos Eduardo Ramírez Quintana.

En el documento se revelan detalles jurídicos que dejarían sin piso las afirmaciones de la parte demandante, al demostrarse entre otras cosas, que el señor Calos Eduardo Ramírez Quintana, habría obrado bajo una estrategia política en la que él, como funcionario público buscaría el beneficio para un contrincante de un partido diferente al que represento el señor Ramírez París Lobo y no como se pretende dejar ver en la declaración de Ramírez Quintana rendida dentro del proceso.

Para Valero Soto, lo anterior esta soportado en las declaraciones, tanto extra procesales como ratificadas por los testigos aportadas al proceso a favor de la defensa, que permiten de forma clara y contundente conocer en testimonios de amigos, familiares e incluso líderes políticos tradicionales de la ciudad el verdadero sentimiento de animadversión que promulga públicamente Carlos Eduardo hacia Donamaris, coincidiendo en la idea de que Ramírez Quintana, nunca, en ningún momento haya siquiera manifestado una mínima intensión de ser amigo o simpatizante del señor Alcalde, en cambio, además si se aportaron fotografías que demuestran afinidad de Ramírez Quintana con otro partido político, como es el que lidera el senador Carlos Barriga y como de manera particular, en la pasada contienda electoral se le vio haciendo presencia en eventos a favor de otro candidato a la alcaldía municipal de Cúcuta, a pesar de ser funcionario público.

Y es que lo que pretende dejar ver el grupo demandante, es una supuesta relación de cordialidad y amabilidad entre dos presuntos “hermanos”, uno en un cargo público y el otro candidato a cargo de una elección electoral, para encausar una inhabilidad al confirmar lo dicho en la norma cuya inaplicación se solicita, la cual pretende evitar que la persona que se postule como candidato a una alcaldía municipal o distrital este en situación de ventaja frente a los demás candidatos por los beneficios, que para él se puedan derivar del parentesco con el funcionario dentro del periodo  inhabilitante haya ejercido autoridad en el mismo municipio. Hecho que en este caso no ocurre porque el señor Ramírez Quintana no se ha relacionado nunca en buenos términos con el señor Donamaris otorgándole privilegios o beneficios que en dado caso le hubieran significado más de 60 mil votos de diferencia frente al candidato que le seguía en el conteo de sufragios.

En este caso no hubo descompensación del principio de igualdad que debe amparar a los candidatos en la justa electoral, situación que es la que protege la norma que contempla la inhabilidad por razón del parentesco familiar.

En los aportes de los alegatos del Partido Verde, también se demuestra que la demanda debe declararse nula, puesto que ,los documentos allegados al proceso y que pretenden ser tenidos en cuenta como material probatorio de los demandantes, no llenaron el mínimo de las exigencias de ley; contienen datos no concordantes con lo que se pretende demostrar la supuesta inhabilidad y además fueron allegados de manera espontanea, violando los protocolos que para este caso se exigen al ser considerado el electoral un  proceso especial, por tratarse de una elección que goza de presunta legalidad que afectaría notablemente los designios electorales de un territorio.

Los alegatos de conclusión también defienden y buscan la vulneración de los principios constitucionales relativos al carácter participativo del modelo de democracia adoptado en la Constitución de 1991; las pretensiones de la demanda no podrían llegar a feliz término ya que atentarían contra derechos fundamentales como el de participar en la conformación del poder político consagrado en el artículo 40 de la constitución, por lo que para los precisos afectos de este caso, se debería exceptuar la aplicación de la presunta inhabilidad en desarrollo del principio de supremacía constitucional y su principio derivado de interpretación conforme a la carta política, con el fin de materializar la protección real y efectiva del derecho del demandado a participar en la conformación del poder político, ya que de lo contrario este para el caso que nos atiende nunca podría ser elegido.

 

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