UNA MIRADA A LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por Ruth  Mery Florez Alonso, Gestora Social municipio de Cúcuta.

Las políticas públicas de infancia y adolescencia desarrolladas en los últimos años en el mundo y en el  país para la garantía y defensa de los derechos,  parten del compromiso asumido por los gobiernos así como por las organizaciones sociales en un proceso de movilización social; un verdadero pacto en favor de los niños, las niñas y los adolescentes,  generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo, con objetivos y  acciones  basadas en la corresponsabilidad, el intercambio de información, la colaboración y  asistencia recíprocas, la adopción de criterios de actuación comunes, así  como la anticipación a problemas y nuevos desafíos.

El reconocimiento de la  importancia superior y prevalencia de los Derechos del Niño ha inducido la generación de múltiples programas, proyectos e intervenciones que giran alrededor de la supervivencia, desarrollo, protección y protagonismo de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. La política pública de infancia y adolescencia, establece las normas para su protección  y tiene como fin garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la sociedad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.[1] Este Sistema de Protección Integral,  constituye más que un diseño organizacional y operativo, concebido para la implementación de políticas públicas de Infancia y Adolescencia  de las entidades responsables de su cumplimiento.  Tiene como Paradigma la Convención sobre los Derechos del Niño, pues parte del niño  como Sujeto de derecho y se basa en la doctrina de la Protección Integral.  Se trata de un sistema interinstitucional que define las relaciones de las instituciones de atención a la infancia y la adolescencia en el municipio, sus competencias respectivas y la participación de la Sociedad Civil en el marco de la protección legal, judicial y social.

Las políticas públicas focalizadas  al bienestar integral de la infancia y adolescencia, corresponden a una modalidad de intervención pública que destina  recursos humanos, técnicos y financieros hacia los más vulnerables y vulnerados en sus derechos. Es una estrategia para alcanzar una mayor eficiencia y equidad en las prestaciones sociales que realiza el Estado. Plantea mejorar y promover el ejercicio de los  derechos de toda la población con especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estimulo de los factores protectores y la atención a grupos con necesidades específicas.

Amartya K. Sen[2], al examinar el papel particular de la inversión en la niñez,  señala  la relevancia inmediata de la salud y de la supervivencia de la niñez en una perspectiva de desarrollo; en efecto, la calidad de la niñez tiene importancia no sólo para lo que pase en la niñez sino también para la vida futura.


[1] Colombia, Congreso de la República. Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el código de la infancia y de la adolescencia. Diario Oficial N° 46.446, Bogotá, 8 de noviembre de 2006.

[2] Economista indio, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones a la economía del bienestar.

Las inversiones para la infancia “son importantes por su propio derecho debido a que ellas abren el camino para toda una vida de mejor salud, desempeño mental y físico, y productividad.” “Fortalecer programas de desarrollo de la infancia” para una vida más plena de los niños y las niñas,[1] mejorar la calidad de vida, influenciada por la educación, la seguridad, la prevención de riesgos, etc., es una parte crucial del desarrollo.

Desde esta perspectiva, la gestión social  realizada por la Alcaldesa de Cúcuta, apunta a generar inversión en la infancia a través de la ejecución de una política pública orientada a resultados tangibles para el desarrollo de las comunidades; actualmente en nuestra ciudad se construyen tres Jardines Sociales,  infraestructuras que cuentan con espacios especializados para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas, para la alimentación, además de áreas de apoyo que permitirán el adecuado desarrollo de los niños y niñas, con la participación activa de sus familias.

La gestión realizada para beneficiar a más familias con el Programa Presidencial de Familias en Acción, los subsidios condicionados a la verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad está orientada al complemento de la inversión en capital humano de los menores en educación, al garantizar la asistencia escolar  y en salud, con la asistencia a las citas de control de crecimiento y desarrollo.

El empoderamiento de la mujer jefa de hogar con  programas de capacitación para ser más productivas y competitivas, estrategias para que los niños y niñas permanezcan en el sector educativo, campañas contra la explotación sexual, el trabajo infantil y la prevención de  riesgos sociales, en cumplimiento de políticas públicas, contribuyen para que la inversión social en la infancia y adolescencia se traduzca en el desarrollo social de nuestro capital más importante, el capital humano.

[1] R.Myers, Los doce que sobreviven

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