LA JUSTA REPARACION DE LAS VICTIMAS

Por Jorge Enrique Báez Vera

«La ley de Victimas es una deuda moral que tenemos que pagar los colombianos». Juan Manuel Santos.

Aunque nada puede compensar la muerte de un ser querido, ni el desarraigo, ni el destierro, ni el desplazamiento forzado, ni una indemnización económica puede compensar cualquier  sufrimiento sufrido por culpa de la violencia, las sociedades modernas , en especial las que sufren conflictos, tratan de sobrellevar su culpa, a través del mecanismo de reparación a las victimas.

En Colombia, la Ley de Victimas, surge como iniciativa parlamentaria, del Partido Liberal,  y que  fue archivada en la legislatura pasada, por cuanto el Gobierno, a falta de acuerdos políticos, decidió el mismo hundirla y por cuanto el partido conservador consideraba que esta debía ajustarse a la realidad fiscal del país, ya que se estima que su costo puede ser de cuarenta billones de pesos, suma esta de por si exorbitante.

Es preciso anotar que en la iniciativa anterior la ley hacia diferencia entre las victimas de los grupos ilegales y las victimas de los agentes del Estado, a quienes se les ponían una serie de requisitos previos para acceder a sus beneficios, lo que de por si es discriminatorio, adefesio este enmendado en el actual proyecto.

Pero, ojo, no vayamos a caer en la trampa, de dar el mismo trato a los policías y soldados, que a los insurgentes, y de aceptar la reparación sumariamente, por que el Estado, no puede atribuirse como suya, una actuación de sus agentes, por que ello seria una auto condena, es decir la reparación administrativa no implica responsabilidad objetiva del estado y en este aspecto debe tenerse especial cuidado.

Esta Ley de Victimas, a la que el Presidente  Santos, quiere darle especial impulso, no solo es un deber de elemental responsabilidad, sino que forma parte de todo el Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática, pilar fundamental del programa de gobierno.

Es justo, lo que esta Ley propone, en el sentido que el despojado por la violencia no tiene que probar el desalojo, sino que la carga de la prueba se revierte y debe el victimario demostrar la legalidad de sus actos sobre el bien, y esto unido al proyecto de restitución de  tierras, puedes constituir una verdadera política de reparación integral a las victimas de este horroroso conflicto.
Lo que queda, es financiar adecuadamente la  ley, y además reglamentarla muy bien, a fin de que su aplicación  sea efectiva, ya que una ley por buena que sea, no va a cambiar una triste verdad….y sobre todo, a las victimas hay que repararlas con dignidad…se trata de hacer justicia, no de  dar limosnas para limpiar conciencias.

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